Editorial: La ciudad y sus espacios verdes: ¿una deuda que se agranda?

Nuevamente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa un proyecto de ley para concesionar áreas de uso público y gratuito dentro de los espacios verdes de la ciudad, creando bares y restaurantes. Es la tercer oportunidad que en estos últimos años la actual gestión lo propone: primero fue la legisladora Majdalani y luego el legislador Ritondo. En ambas ocasiones los proyectos no prosperaron en la Legislatura. El actual lo impulsa el legislador Eduardo Acevedo (Proyecto Nº 1770-D-2012). El mismo tiene por objetivo “establecer el marco regulatorio de los permisos de uso de todo espacio público destinado a parque, plaza, plazoleta, paseos, jardines y boulevards”. 

También el Gobierno de la Ciudad impulsa la aprobación legislativa de un convenio firmado por el poder ejecutivo local con la empresa IRSA para construir once torres lujosas de cincuenta pisos en los terrenos costeros de la ex Ciudad Deportiva de la Boca. Solares de Santa María es un emprendimiento tan bochornoso por su historia (transferencia de recursos del Estado a manos privadas) como por su presente (corporaciones enquistadas en el poder operando para que el Estado actúe como cómplice de negocios ilegales).

En definitiva, se está hablando de privatizar y perder grandes áreas de parque que hoy son de acceso gratuito y libre.

A su vez, el Gobierno Nacional acaba de lanzar un decreto, el Nº 1.723/2012, cuya finalidad es la de desafectar los inmuebles a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE) y destinarlos
a proyectos integrales de urbanización y/o inmobiliarios.

Todos estamos viendo cómo en la ciudad de Buenos Aires se construye sin parar, destruyendo las identidades barriales y llenándola de grandes edificios; padecemos el tránsito y la ciudad se convierte en un ambiente cada vez más hostil y menos saludable.

En este sentido hay estándares que marcan pautas para vivir bien en áreas urbanizadas: la Organización Mundial de la Salud plantea como necesario un promedio de entre diez y quince metros cuadrados de espacios verdes por habitante; en Buenos Aires, no llegamos a los tres kilómetros cuadrados. O sea que el déficit es inmenso.

En el caso de los terrenos ferroviarios, en Caballito hace veinte años que en forma consecuente los vecinos vienen reclamando que en esas aproximadamente catorce manzanas hoy sin uso se creen espacios verdes recreativos de acceso público y gratuito. Esto generaría una mejor calidad de vida en uno de los lugares más inhóspitos en cuanto a su alta demografía.

Pero más allá de todo esto, de lo opinable, tenemos un marco legal. Y la verdad que es claro en este aspecto: tanto la Constitución Nacional como la de la ciudad tienen en cuenta el tema desde distintas ópticas: protegen lo público, el hábitat en general y los espacios verdes, y obligan a la consulta y participación de los habitantes a través de mecanismos bien claros en caso de proyectos de alto impacto ambiental (Asambleas públicas).

Nombraré algunos: La Constitución Nacional dice en su artículo 41 que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo y que las autoridades proveerán a la protección de este derecho”. ¿Acaso el conglomerado urbano Buenos Aires y Gran Buenos Aires es un ambiente sano? ¿Y todo este aluvión constructor lo mejora?

A su vez, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el capítulo cuarto está destinado al ambiente y su cuidado. Dice en el artículo 26 que “el ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras.” ¿Lo estamos cuidando? En el artículo 27 expresa que “la Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve: 1. La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son de su dominio. 2. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora. 3. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común. 4. La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica”. El artículo 29 especifica claramente que “la Ciudad define un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el artículo 81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas”. El artículo 30 establece “la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública”.

Caballito, donde se construirían nuevos edificios, es de las zonas más densamente pobladas de la ciudad y de las más insalubres: al rededor de 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado –duplicando el promedio de la ciudad– con sólo 1,2 metro cuadrado de espacio verde por habitante. Por otro lado, el ritmo de la construcción es abrumador y la concentración despareja: en los últimos diez años Caballito, Almagro y Flores concentraron el 20 % de la construcción y por ejemplo Villa Soldati, Parque Avellaneda y Lugano no llegan al 1,5 % de lo construido en los mismos años. O sea que se construye rápido y en forma concentrada. Está claro que no es una construcción de viviendas orientada a resolver el problema habitacional; y ni aún así se justificaría tal concentración.

Es evidente que parecería no haber una toma de conciencia real acerca de la importancia de defender e incrementar los espacios verdes públicos de acceso gratuito, más allá de los postulados de nuestras leyes más importantes, que por otra parte son muy claros.

Las leyes protegen nuestro ambiente, promueven el incremento de estos espacios y protegen los ya existentes. Habrá que cumplirlas y exigirles a nuestros gobernantes que las respeten.